La inexplicable urticaria a bajar impuestos
El prejuicio ideológico suele dictar que subir impuestos es de izquierdas y que bajarlos es simplemente de derechas. Esto sumado al inexplicable suceso de que bajar o subir impuestos, según la opinión, debe ser algo inamovible sin importar la situación o ciclo económico que se vive.
La polémica volvía a saltar hace unas semana cuando el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba en un foro en Madrid, una “auténtica revolución fiscal” con la supresión del impuesto de patrimonio y del canon del agua así como la rebaja de un 4,3% del IRPF para los 3 primeros tramos impositivos (hasta 35.200 euros). La medida secundaba la ya anunciada por la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya había anunciado unos días atrás su intención de deflactar un 4,1% todos los tramos, además de la bonificación del 25% del impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Estas medidas, que contradijeron las interpuestas por el Gobierno central en los últimos meses y en el último Plan Fiscal presentando en los Presupuestos Generales del Estado, fueron duramente criticadas por sendos ministros.
La polémica podía haber quedado ahí, entre una nueva “guerra fiscal” entre el PSOE y el PP, entre la izquierda y la derecha una vez más, pero en este momento llegó a un poco más. Contra todo pronóstico ciertas comunidades autónomas de gobierno socialista, como la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha o Aragón, se acabaron sumando a las populares y anunciaron también la deflación en los tramos autonómicos del IRPF así como la bajada de ciertas tasas. Y es aquí donde nace una transversalidad ideológica en cuanto a lo bueno de la bajada de impuestos, sin fijaciones políticas, si no con adaptación a los cambios económicos.
Es obvio, aunque muchos traten de negarlo, que España es un país con una carga fiscal bastante grande. Fijándonos en las estadísticas que proporcionó la Comisión Europea, España es el cuarto país con mayor esfuerzo fiscal entre los países occidentales (UE, EE.UU y Japón) con un 15,14% y solo superado por Grecia, Portugal e Italia. El hecho no está solo en unos tramos impositivos del IRPF agresivos, el problema es que existen otros gravámenes no tan comunes en los países de nuestro entorno.
Este es el caso de tasas, como la conocida como “Tasa Google” o impuestos a las grandes tecnológicas. Es un buen ejemplo para ilustrar que realmente los impuestos no se deben fijar según lo que se pretende ingresar si no en función de lo que las empresas o consumidores están dispuestos a aceptar. En febrero de 2020 cuando esta medida fue aprobada en Consejo de Ministros pretendía recaudar 960 millones de euros al año. Este dato, aunque ya había sido tildado de irreal por muchos economistas, se vio reducido en una quinta parte logrando ingresar en el 2021 en las arcas públicas solamente 240 millones. Con este ejemplo, se pueden ilustrar otros más, como el impuesto de patrimonio (vigente solo en Noruega y Suiza), el impuesto de sociedades, el de donaciones, el de sucesiones, etc.
Esta amalgama de tributos simplemente provee a individuos y compañías de una desconfianza inversora que además no se ve compensada con unos ingresos tributarios suficientes para paliar la desincentivación. Es decir, en un país como España, con mucha economía sumergida y con empresas de menor tamaño que la media de la Unión Europea recaudamos menos por impuestos altísimos y un paro enorme; lo que acaba suponiendo un auténtico “hachazo fiscal”.
Además, desde el comienzo de la pandemia, las economías occidentales han venido practicando una política monetaria expansiva. Es decir, han aumentado la oferta monetaria con el objetivo de estimular la demanda agregada. Esto fue necesario durante el confinamiento y los meses posteriores a él, en cambio, la aplicación de estas medidas por parte de los Bancos Centrales durante un tiempo continuado han traído algunas consecuencias que son gran parte del problema actual. Uno de esos efectos negativos y que en mayor medida está provocado por este hecho es la inflación, que en septiembre marcaba records llegando a alcanzar las dos cifras porcentuales. Esta subida de los precios, está teniendo efectos colaterales en familias y empresas. Cuando una familia o empresa deja de disponer de una parte importante de sus ingresos y tiene que hacer un reajuste por el incremento de la vida en general, deja de disponer gradualmente de bienes prescindibles, por lo cual se desactiva el consumo menos básico, se reduce la iniciativa privada y la atracción de capital.
Está claro, que la inflación es el mayor impuesto a los pobres y entonces en un momento en el que, como la propia Agencia Tributaria ha anunciado, se van a recaudar 33.000 millones de euros más a raíz de esta subida de los precios, devolver el dinero al bolsillo de los ciudadanos en un momento tan crítico favorecería la renta disponible de los mayores consumidores, que son las familias. En definitiva bajar impuesto, favorece el gasto y el comercio, facilita la inversión y la iniciativa privada (que retroalimenta al sistema público) y atrae a nuevos capitales que mueven nuestra economía.
Como hemos evidenciado, bajar impuestos favorece a los individuos que ven sus posibilidades económicas incrementadas. Pero está claro que como se comentaba al principio del análisis, bajar impuestos o subirlos no tienen que ser dogmas independientes de los ciclos económicos que se viven.
Es decir, según el principio de estabilidad presupuestaria bajar impuestos será bueno mientras vaya acompañado de una bajada del gasto público. En caso de que esto no pase, y sobre todo en economías bastante endeudadas (como la española), una bajada de impuestos que no vaya acompañada de una bajada del gasto público proporcional puede provocar un mayor aumento de la deuda además dar a los una gran desconfianza en los mercados de bonos.
Esto es lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido cuando la nueva Primera Ministra, Lizz Truss, anunciaba unas semanas después de llegar al cargo una masiva bajada de impuestos acompañada de un aumento de las subvenciones y del gasto social. Los días siguientes se vivió en el Reino Unido un desplome absoluto del valor de la libra ya que en un país con uno de los mayores déficits del mundo occidental (9% en 2021) y una deuda que supera el 100% del PIB los efectos sobre las arcas serían devastadores. Es por ello, que las medidas fueron retiradas y la libra retomó sus anteriores datos.
Ahí está la cuestión de que un debate de la bajada de impuestos siempre debe ir acompañado de una discusión sobre la reducción del gasto público. Todo ello partiendo de la premisa de que la reducción del gasto público no tiene porque llevar acarreado una reducción del Estado del Bienestar. Es decir, realizando una mejor y más eficiente distribución de los bienes y servicios públicos así como una mejora en la productividad, se puede llevar a cabo una bajada de impuestos responsable.
No es difícil en un país que según el IEE está situado en el ránking de eficiencia del gasto público en el puesto 29 de la OCDE, muy por debajo de la media europea y peor de lo que estaba en el 2019. Y que según la CEOE hay 60.000 millones de gasto ineficiente cada año, lo que supone más que el propio déficit estructural español.
Eficientar el uso de los recursos públicos no es tampoco por sí solo una medida salvadora. Según la ARIeF y poniendo como ejemplo los últimos PGE hay 14.000 millones de euros que se destinan a subvenciones no fiscalizadas, las llamadas “subvenciones fantasmas”, esto sumado a un gasto político que en en vez de haberse ajustado en función a las condiciones económicas de los ciudadanos, se ha visto desbocado y que sólo en último año se ha visto incrementado en 21.000 millones de euros, lo que supone un 24% más respecto al 15% de la media europea.
Como conclusión, una bajada de impuestos se podrá realizar sin prescindir de los elementos del Estado del Bienestar sobre todo en aquellos países, como España, cuyos índices de producción y de eficiencia en el uso de los recursos públicos son menores. Esto se puede solventar ajustando y corrigiendo dichas desventajas con medidas legislativas, presupuestarias y fiscales y teniendo en cuenta que los impuestos no se deben fijar en base a lo que se quiere recaudar, si no en base a lo que la realidad de la economía está dispuesta a aceptar
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